En el año 2001, Julio Chávez Díaz, un confeccionista de ropa para niños, paseaba con su familia por las calles de Puente Piedra cuando vio anuncios de venta de terrenos. Había venido con su familia de Cajamarca y necesitaba un lugar para vivir con su esposa y sus siete hijos. A pocas cuadras de la Panamericana Norte nacía una atractiva urbanización popular. Tras negociar con Inmobiliaria Santa Juana, compró 120 metros cuadrados pagando 3,700 dólares. Los Registros Públicos lo reconocieron como propietario, y Chávez empezó a levantar su vivienda. Construyó tres pisos de material noble, donde ahora vive con parte de sus hijos y varios nietos.
–Esto cuesta ahora unos 150 mil dólares–, dice. Pero el terreno sobre el cual levantó su casa ya no es suyo. Tendrá que devolverlo e irse por las buenas o por la fuerza. Es el mismo problema de todos sus vecinos.
129 FAMILIAS
La inmobiliaria vendió 129 lotes en esta zona conocida como Urbanización Santa Juana, y poco a poco los propietarios empezaron a construir un dispar conjunto habitacional. Son artesanos, obreros, comerciantes, empleados de distintas industrias. En enero pasado laCorte Superior de Justicia expidió la orden de desalojo. Ocurrió que la Sunarp fue engañada: la inmobiliaria aún no era propietaria cuando vendió, pero obtuvo títulos con documentos falsos. No había terminado de pagar los terrenos. El propietario original reclamó sus derechos y una vez que obtuvo el reconocimiento judicial del fraude, exigió pago inmediato. El Poder Judicial invalidó los títulos de las familias de Santa Juana. Peor aún: el predio sobre el que se levantaron sus viviendas ya fue rematado para pagar la deuda.
¿Quién compró? La misma familia que era dueña de los terrenos en los años noventa. Es para desmayarse lo que pagó por estos lotes sobre los que ahora hay construcciones de uno a tres pisos, de material noble. ¡180 mil dólares! El valor de todo, de acuerdo con agentes inmobiliarios, no es menor de quince millones.
COMIENZAN LAS VENTAS
E1 13 de marzo de 1999, Natalio Huamán Gutiérrez vendió 2.5 hectáreas a Inmobiliaria Santa Juana, cuyo gerente general es Moisés López Murillo. El terreno correspondía al 47% de acciones y derechos de un predio que Huamán recibió en propiedad a la muerte de su esposa, Adela Hinostroza. López pactó excelentes condiciones de pago para adquirir esta propiedad por 238 mil dólares. Al momento de firmar la escritura solo entregó 30 mil. De acuerdo con los compromisos que figuran en la escritura de compraventa, Moisés López iría honrando la deuda cada mes, abonando unos ochenta mil dólares por año, hasta completar el pago en abril del 2001.
Mientras iba pagando por la compra, Inmobiliaria Santa Juana dividió el terreno en 129 lotes y comenzó a venderlos. Las primeras compras datan del 2001, y fueron asumidas por familias pobres que pagaron entre tres mil y seis mil dólares, algunas con facilidades de pago. Los compradores podían obtener de la Sunarp títulos de propiedad porque Moisés López liberó la hipoteca que pendía sobre todos los terrenos, y que estaba atada al cumplimiento de la deuda que tenía con Huamán. Vale decir que López demostró haber pagado la totalidad de su deuda, quedando habilitado para vender los terrenos a quien quisiera. Por eso los compradores de terrenos podían inscribir su compra en Registros Públicos y ser reconocidos como propietarios. Empezaron a construir. Mientras tanto, se consumaba una estafa.
MAL PAGADOR
Resultó que Moisés López no había terminado de pagar la deuda a Huamán. López había presentado documentación falsa a Registros Públicos para acreditar los pagos y liberar la hipoteca. Huamán lo denunció civil y penalmente, demostró el fraude, y logró que el Poder Judicial dispusiera la nulidad de la cancelación de la hipoteca. Los Registros Públicos restablecieron la validez de la hipoteca establecida hasta que Huamán recibiera el saldo de la deuda. Aunque en realidad ya no le importaba: López había vendido los 129 lotes.
¿Cuánto debía López? Huamán declaró haber recibido la mayor parte del cuarto de millón de dólares pactado, y que solo quedaban pendientes 68,000. De acuerdo con los documentos del juicio, el levantamiento de la hipoteca se produjo en junio del 2003. Quedó acreditado que López lo hizo con documentos falsos. Por otro lado, Huamán también consideró deudores suyos a los compradores de lotes de la urbanización Santa Juana. Cuando descubrió el fraude, inscribió en los Registros Públicos la demanda de nulidad del levantamiento de la hipoteca. Por lo tanto, dice uno de sus escritos, ellos conocían perfectamente que lo que estaban comprando estaba en litigio.
REMATE JUDICIAL
La arremetida judicial de Huamán surtió efecto y obtuvo que los Registros Públicos restablecieran la vigencia de la hipoteca. Acto seguido exigió el remate judicial de los 129 lotes con sus viviendas. Para que una operación de este tipo sea válida, de acuerdo con el Código Procesal Civil, debe haber una tasación. Huamán presentó una pericia del arquitecto Alejandro Enríquez Esquives, quien tasó en una suma irrisoria: nueve dólares por metro cuadrado. Un juzgado civil de Puente Piedra rechazó el documento porque debía estar firmado por dos ingenieros civiles. En esta circunstancia del juicio Huamán murió, pero sus hijos subsanaron la irregularidad. Presentaron otra tasación suscrita por los ingenieros Milton Villacorta y Fernando Castro. Ellos tasaron lo rematable por la misma cantidad: nueve dólares el metro cuadrado.
Esto le permitió al juzgado ordenar el remate público de la urbanización por el mísero precio base de 150 mil dólares. Cuando se produjo la diligencia, el 27 de abril del 2012, los hijos de Huamán se presentaron como únicos postores. Ofrecieron 180 mil dólares y ganaron. Deducida la deuda previa de 68 mil, más los intereses de la misma y los costos del juicio, pagaron menos de cien mil. El valor de una sola casa de la urbanización Santa Teresa, la de Julio Chávez por ejemplo, hubiera bastado para pagar la deuda. Ahora mismo, los terrenos sin construir en Puente Piedra están ofreciéndose entre 140 y 200 dólares el metro cuadrado. Consumado el remate, los Huamán se hicieron de más de quince millones de dólares.
Pero tenían un problema: la tasación que presentaron era falsa.
DESALOJO INMINENTE
Desesperados, los pobladores presentaron a la policía evidencia de que el arquitecto Enríquez nunca había hecho la tasación. Este declaró ante la Dinincri que jamás suscribió el documento presentado. Los ingenieros Villacorta y Castro confesaron que recibieron cien soles por cada dictamen, y que solo firmaron lo que otro hizo. Mientras tanto, el Poder Judicial ordenó el desalojo, que es cuestión de semanas. Corriendo contra el reloj, los ex propietarios presentaron una acción de amparo. Un juzgado constitucional les contestó que el amparo no es competente para este tipo de problemas.
Sin solución a la vista, ellos ahora sospechan que Huamán y López estaban concertados. López no ofreció defensa y se allanó. El juzgado civil nunca permitió que los pobladores participaran en el juicio. Estaban dispuestos a pagar los 68,000 dólares que adeudaban. Ahora intentarán otro amparo y tal vez una acción denominada nulidad de cosa juzgada, un complicado proceso en el que deberán demostrar que hubo dolo en el juicio. Lo inminente es un gran desalojo; uno de los mayores de los últimos tiempos.
Por: Ricardo Uceda - El InformanteLIMA NORTE: EXPULSADOS DE PUENTE PIEDRA
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