fuente Diario La Primera
Los congresistas fujimoristas hacen gala de impunidad en la Diroes.
Habrían incurrido en el delito de coacción y de violencia contra la autoridad al impedir el ejercicio de funciones de empleados públicos que se castiga hasta con 8 años de prisión.
Sanciones en 15 días
Guadalupe refirió que en 15 días el Consejo Técnico Penitenciario del Penal de Barbadillo emitirá un informe con las sanciones que impondrá al reo Alberto Fujimori, quien el jueves último ofreció una entrevista a un medio radial sin la obligatoria autorización del Inpe.
Guadalupe refirió que en 15 días el Consejo Técnico Penitenciario del Penal de Barbadillo emitirá un informe con las sanciones que impondrá al reo Alberto Fujimori, quien el jueves último ofreció una entrevista a un medio radial sin la obligatoria autorización del Inpe.
Los legisladores de la bancada de Fuerza Popular Julio Gagó y Kenji Fujimori incurrieron en delitos penales que se sancionan hasta con ocho años de cárcel, al obstruir el trabajo de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) e impedir el libre tránsito de la enfermera del tópico de Barbadillo, quien fue retenida cuando el jueves último intentó salir a denunciar que el exdictador ofrecía una entrevista radial, sostuvieron ayer abogados y congresistas.
El abogado Guillermo Olivera Díaz explicó que los legisladores estarían incurriendo en el delito de violencia a la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones estipulado en el artículo 366 del Código Penal y en el delito de coacción consignado en el artículo 151 del mismo código.
Precisó que la coacción atenta contra la libertad y ocurre cuando alguien obliga a otro a hacer lo que no debe tal y como fue denunciado ayer en una conferencia de prensa por el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), José Luis Pérez Guadalupe al dar cuenta del caso de la enfermera del tópico del establecimiento penitenciario en mención.
Según el testimonio de la enfermera consignado en el informe Nº 003 – 2013 – INPE y que fue leído por Guadalupe ésta señala: “Al intentar salir y dar cuenta al responsable del pabellón los congresistas (Gagó y Fujimori) ni se inmutaron y permanecieron sentados sin tener la posibilidad de poder salir de ese ambiente por lo cual me quedo junto a ellos hasta que finaliza la llamada”, dijo.
Olivera Díaz refirió que para los delitos de secuestro y coacción no es necesario la cuantía de tiempo y señaló que solo basta que alguien sea privado de su libertad para incurrir en la falta.
DELITOS PENALESPor su parte, el congresista de Solidaridad Nacional, Heriberto Benítez, advirtió que los fujimoristas no solo violentaron el Código de Ética, sino que además habrían infringido el Código Penal al estar incursos en delitos contra la administración pública.
Manifestó que Gagó y Kenji Fujimori estarían incurriendo en el delito de violencia a la autoridad para impedir el ejercicio de las funciones de los trabajadores del Inpe, estipulado en el artículo 366 del Código Penal y en el artículo 377 que indica que cuando el hecho es cometido por dos personas adquiere una forma agravada aumentando la pena que en este caso sería de 8 años de cárcel.
“Incluso el Ministerio Público de oficio podría o debería hoy mismo iniciar una investigación y de acuerdo a la investidura de los congresistas tendría que ser el Fiscal de la Nación quien haga las investigaciones preliminares”, acotó.
También el vicepresidente del Congreso, Luis Iberico, coincidió con Benítez al señalar que los legisladores fujimoristas habrían violado los artículos 366 y 367 del Código Penal y que podrían darles hasta 8 años de prisión.
“La Comisión de Ética debe tomar en cuenta el video presentado por el Inpe, esto configura el delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones y está tipificado en el Art. 366 y 367 del Código Penal, en el caso que lo cometan dos o más autoridades, configura el supuesto agravante del delito, en cuyo caso corresponde hasta ocho años de cárcel”, anotó.
CONFERENCIA DEL INPEEl presidente del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), José Luis Pérez Guadalupe, denunció en conferencia de prensa la ilegal actuación de los congresistas Julio Gagó y Kenji Fujimori para facilitar la entrevista que ofreció el jueves último el reo Alberto Fujimori a una radioemisora local.
“Se colocaron como una barrera humana” en la puerta de la enfermería, impidiendo así el ingreso de los funcionarios y agentes penitenciarios para que no interrumpan la comunicación del interno, quien haciendo caso omiso continuó el diálogo con la radioemisora a través de un teléfono público. En un momento determinado Fujimori dijo que le estaban impidiendo la entrevista, según recordó Guadalupe, quien adelantó que el teléfono será retirado de la enfermería.
El jefe del Inpe también indicó que luego que la enfermera se dio cuenta que el interno estaba dando declaraciones, procedió a recordarle la prohibición, pero los congresistas Gagó y Fujimori la mandaron callar diciéndole que “se abstenga de hacer comentario alguno”. Al intentar salir para dar aviso a los agentes, la trabajadora de salud fue impedida por ambos legisladores fujimoristas.
MÁS DENUNCIASEl congresista Rennán Espinoza, de Perú Posible, presentó una denuncia ante la Comisión de Ética contra los congresistas Gagó y Fujimori, quienes habrían violado el reglamento y las normas parlamentarias al atentar contra la investidura parlamentaria y contra diversos principios de conducta ética como respeto, tolerancia y responsabilidad, entre otros.
Asimismo, presentó una denuncia constitucional acusándolos del delito de usurpación de funciones, estipulado en el artículo 361 del Código Penal y el de abuso de autoridad consignado en el artículo 376 de la misma legislación.
El abogado Guillermo Olivera Díaz explicó que los legisladores estarían incurriendo en el delito de violencia a la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones estipulado en el artículo 366 del Código Penal y en el delito de coacción consignado en el artículo 151 del mismo código.
Precisó que la coacción atenta contra la libertad y ocurre cuando alguien obliga a otro a hacer lo que no debe tal y como fue denunciado ayer en una conferencia de prensa por el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), José Luis Pérez Guadalupe al dar cuenta del caso de la enfermera del tópico del establecimiento penitenciario en mención.
Según el testimonio de la enfermera consignado en el informe Nº 003 – 2013 – INPE y que fue leído por Guadalupe ésta señala: “Al intentar salir y dar cuenta al responsable del pabellón los congresistas (Gagó y Fujimori) ni se inmutaron y permanecieron sentados sin tener la posibilidad de poder salir de ese ambiente por lo cual me quedo junto a ellos hasta que finaliza la llamada”, dijo.
Olivera Díaz refirió que para los delitos de secuestro y coacción no es necesario la cuantía de tiempo y señaló que solo basta que alguien sea privado de su libertad para incurrir en la falta.
DELITOS PENALESPor su parte, el congresista de Solidaridad Nacional, Heriberto Benítez, advirtió que los fujimoristas no solo violentaron el Código de Ética, sino que además habrían infringido el Código Penal al estar incursos en delitos contra la administración pública.
Manifestó que Gagó y Kenji Fujimori estarían incurriendo en el delito de violencia a la autoridad para impedir el ejercicio de las funciones de los trabajadores del Inpe, estipulado en el artículo 366 del Código Penal y en el artículo 377 que indica que cuando el hecho es cometido por dos personas adquiere una forma agravada aumentando la pena que en este caso sería de 8 años de cárcel.
“Incluso el Ministerio Público de oficio podría o debería hoy mismo iniciar una investigación y de acuerdo a la investidura de los congresistas tendría que ser el Fiscal de la Nación quien haga las investigaciones preliminares”, acotó.
También el vicepresidente del Congreso, Luis Iberico, coincidió con Benítez al señalar que los legisladores fujimoristas habrían violado los artículos 366 y 367 del Código Penal y que podrían darles hasta 8 años de prisión.
“La Comisión de Ética debe tomar en cuenta el video presentado por el Inpe, esto configura el delito de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones y está tipificado en el Art. 366 y 367 del Código Penal, en el caso que lo cometan dos o más autoridades, configura el supuesto agravante del delito, en cuyo caso corresponde hasta ocho años de cárcel”, anotó.
CONFERENCIA DEL INPEEl presidente del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), José Luis Pérez Guadalupe, denunció en conferencia de prensa la ilegal actuación de los congresistas Julio Gagó y Kenji Fujimori para facilitar la entrevista que ofreció el jueves último el reo Alberto Fujimori a una radioemisora local.
“Se colocaron como una barrera humana” en la puerta de la enfermería, impidiendo así el ingreso de los funcionarios y agentes penitenciarios para que no interrumpan la comunicación del interno, quien haciendo caso omiso continuó el diálogo con la radioemisora a través de un teléfono público. En un momento determinado Fujimori dijo que le estaban impidiendo la entrevista, según recordó Guadalupe, quien adelantó que el teléfono será retirado de la enfermería.
El jefe del Inpe también indicó que luego que la enfermera se dio cuenta que el interno estaba dando declaraciones, procedió a recordarle la prohibición, pero los congresistas Gagó y Fujimori la mandaron callar diciéndole que “se abstenga de hacer comentario alguno”. Al intentar salir para dar aviso a los agentes, la trabajadora de salud fue impedida por ambos legisladores fujimoristas.
MÁS DENUNCIASEl congresista Rennán Espinoza, de Perú Posible, presentó una denuncia ante la Comisión de Ética contra los congresistas Gagó y Fujimori, quienes habrían violado el reglamento y las normas parlamentarias al atentar contra la investidura parlamentaria y contra diversos principios de conducta ética como respeto, tolerancia y responsabilidad, entre otros.
Asimismo, presentó una denuncia constitucional acusándolos del delito de usurpación de funciones, estipulado en el artículo 361 del Código Penal y el de abuso de autoridad consignado en el artículo 376 de la misma legislación.
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