Deudos exigen entrega de restos
Recuerdan masacre en penales.

DIJO GARCÍA

Antes de la matanza, el presidente García dijo: “La ley será aplicada con severidad, también para quienes violen los derechos humanos mediante la muerte, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura y por abuso de su función, pues para luchar contra la barbarie, no es preciso caer en la barbarie”.

Portando flores, pañuelos blancos y las fotos de sus seres queridos, familiares de los presos acusados o condenados por terrorismo asesinados hace 24 años en los penales El Frontón, Lurigancho y Callao exigieron ayer a las autoridades del ministerio de Justicia la entrega de los restos de sus parientes que, desde el 2001, permanecen en cajas de cartón en el Instituto de Medicina Legal, para su reconocimiento.

“Primero nos dijeron que por el tiempo transcurrido era casi imposible reconocer sus identidades, luego nos anunciaron que sólo se identificaron a 30, pero un especialista particular nos informó que se habían mezclado los restos y que resultaba una tarea difícil y cara seleccionarlos, por eso ahora lo que pedimos es que nos entreguen como están para poder enterrarlos juntos”, dijo Madeleine Valle Rivera, representante de los deudos.

“O se van ellos o me voy yo”

Algunos de los presentes recordaron cuando entonces el presidente Alan García, y ante la condena mundial por el acto criminal pronunció su frase “o se van ellos o me voy yo”, sin cumplir su palabra y sin que haya sancionados por la masacre.

En junio de 1986, durante un Congreso de la Internacional Socialista que se realizaba en Lima con asistencia de importantes líderes políticos de todo el mundo, los presos de El Frontón, Santa Bárbara y Lurigancho, la mayoría acusados de terrorismo aunque sin sentencias, se atrincheraron en sus pabellones exigiendo una serie de beneficios y fueron militarmente sometidos. Los pocos sobrevivientes declararon después que, en El Frontón, ante la arremetida de los marinos, los detenidos se rindieron pero igual fueron ultimados.

Algunas versiones señalaron que la orden de debelar los motines carcelarios la dio el presidente García y el operativo lo dirigió el entonces alto oficial de Infantería de Marina y actual vicepresidente Luis Giampietri. También se encontraba en la isla-presidio, vestido de comando, el entonces viceministro del Interior y alto dirigente aprista Agustín Mantilla.

En uno de sus discursos días antes de la matanza y ante las acusaciones de violaciones a los derechos humanos, por parte de algunos militares, el presidente García afirmó que “la ley será aplicada con severidad, también para quienes violen los derechos humanos mediante la muerte, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura y por abuso de su función, pues para luchar contra la barbarie, no es preciso caer en la barbarie”.

Meses después y luego de una investigación realizada por parlamentarios, bajo la dirección del senador Rolando Ames, se presentó un informe que estableció la responsabilidad de mandos militares y funcionarios civiles de alto rango en la comisión de delitos de lesa humanidad durante el operativo militar de recuperación del control de los penales.

El mismo fue archivado por la mayoría de los congresistas, muchos de ellos militantes apristas. Años después, ya con Alberto Fujimori en el poder, se presentaron varias acusaciones constitucionales contra el ex presidente García,